Repitiendo el fallido experimento de Sri Lanka en todo el continente europeo, la Comisión Europea ahora quiere reducir a la mitad el uso de plaguicidas antes de 2030. Miles de personas podrían irse a la quiebra tras la puesta en marcha de la iniciativa

Siguiendo la Agenda 2030, la Comisión Europea avanza con la sanción de un proyecto que mandaría a la ruina miles de personas dedicadas a la agricultura y la actividad pesquera: la llamada “ley de restauración de la naturaleza” fija extremas limitaciones para el normal desarrollo de estas actividades.

La Unión Europea pretende que el uso de plaguicidas se reduzca a tan solo la mitad para el año 2030, una medida sin ningún tipo de justificación científica y casi calcada del experimento llevado a cabo en Sri Lanka, pero en una cuantía mucho más gradualista.

Cabe destacar que este tipo de medidas condujeron al colapso económico y social más grande de la historia del país cuando fueron puestas en marcha siguiendo una “terapia de shock”.

Tan solo esta regulación implicaría una pérdida irrecuperable de eficiencia y productividad sobre el cultivo de tierras, mandando a miles de productores a la ruina. De hecho, la propia Comisión de la UE admite públicamente y sin mayor resquemor que las medidas supondrán graves pérdidas para la actividad agrícola.

Por otra parte, para el año 2050 se pretende que los Estados miembros de la Unión Europea alcancen a reparar completamente todos los ecosistemas dañados en las últimas décadas. Esto implica restaurar bosques, humedales, ríos, pastizales, ecosistemas marinos, etc.

Se perderían miles de hectáreas disponibles para la actividad económica en diversos sectores como la pesca, la agricultura, la minería, la generación eléctrica, etc. En otras palabras, la explotación económica del suelo se volvería prácticamente inviable en las próximas décadas, y a precios (y costos) mucho más elevados en comparación con los que operan hoy.

Se dispone que todas las ciudades deberán tener por lo menos una cubierta mínima de árboles por el equivalente al 10% de su superficie, una operación de forestación gigantesca con costos millonarios, tanto en material físico como en diseño y planeamiento urbano. Incluso se dispone una cláusula para “integrar espacios verdes” en cada edificio.

El proyecto de la Comisión Europea apunta a destruir completamente a una gran cantidad de represas fluviales y ensambles, debido a que se dispone la eliminación de barreras fluviales para que al menos 25.000 km de ríos de la UE pasen a ser ríos de caudal libre para 2030, fuera de toda explotación económica racional. Esto contribuye a un alza generalizada de costos en materia de generación de energía.

Las medidas no finalizan con las regulaciones, sino que al mismo tiempo se despliega un arsenal burocrático para subir explosivamente el gasto público. Las numerosas “restauraciones” de ecosistemas deberán ser financiadas con los recursos de los contribuyentes a través de los fondos de la política agrícola común (PAC) y el Fondo Pesquero y Marítimo de la UE.