El príncipe Alberto II decidió no promulgar la ley que ampliaba el acceso al aborto en el principado, pese a haber sido aprobada por amplia mayoría en el Consejo Nacional. La medida, que buscaba extender los plazos y flexibilizar requisitos, queda bloqueada en nombre de la identidad católica de Mónaco. La decisión abre un debate sobre el equilibrio entre tradición religiosa y derechos reproductivos, en un Estado que preserva su herencia cultural mientras enfrenta las demandas sociales del siglo XXI
En una entrevista concedida al diario Monaco-Matin durante las celebraciones del Día Nacional, el soberano confirmó que no firmará la iniciativa aprobada por el Consejo Nacional en mayo pasado, con 19 votos a favor y solo 2 en contra. La propuesta legislativa pretendía autorizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, y hasta las 16 semanas en casos de violación, además de reducir de 18 a 15 años la edad mínima para que una menor pudiera prescindir del consentimiento parental.
El príncipe Alberto reconoció la sensibilidad del tema, pero subrayó que el marco legal vigente “respeta nuestra identidad y el lugar que ocupa la religión católica en nuestro país, al mismo tiempo que garantiza un acompañamiento seguro y más humano”. Con esta decisión, se mantiene la normativa actual, que considera el aborto ilegal, aunque despenalizado en determinadas circunstancias desde 2019.
Debates
La negativa del soberano ha generado debate en la sociedad monegasca. Por un lado, sectores conservadores y religiosos celebran la defensa de los valores tradicionales y la preservación de la identidad católica del principado. Por otro, organizaciones feministas y defensores de los derechos reproductivos lamentan que se haya frenado una reforma que buscaba ampliar las libertades de las mujeres y ofrecer mayor seguridad jurídica.
El proyecto de ley respondía a una tendencia observada en varios países europeos, donde se han flexibilizado las condiciones para acceder al aborto en las últimas décadas. Sin embargo, Mónaco, con una población de poco más de 38 mil habitantes y una fuerte impronta católica, se mantiene como uno de los Estados más restrictivos en esta materia.
La decisión de Alberto II también pone de relieve el poder que conserva la figura del príncipe en el sistema político monegasco. Aunque el Consejo Nacional aprueba las leyes, es el soberano quien tiene la última palabra para promulgarlas. En este caso, el rechazo del monarca detiene por completo la reforma, sin posibilidad de que entre en vigor.
Con este gesto, el príncipe reafirma su compromiso con la tradición religiosa y cultural de Mónaco, al tiempo que abre un debate sobre el equilibrio entre identidad nacional y derechos individuales. La discusión promete seguir vigente en los próximos meses, en un país que busca preservar sus raíces sin dejar de enfrentar las demandas sociales del siglo XXI.
