A todos nos sorprendió un poco lo ocurrido en Lo Valledor. Una ciudadana chilena, ante el impedimento de entrar al recinto, por no mostrar su carné de identidad -medida que estaría dentro del contexto de las nuevas reglas de seguridad que ha dispuesto el establecimiento para entrar- habría tomado represalias, disparando a los transeúntes y habitués del lugar, mientras era reducida. Lo llamativo de todo esto, es la reacción que tuvo La Moneda al respecto. Si bien condenó los hechos, el presidente y sus secuaces habían advertido que la medida de solicitar identificaciones a la entrada era discriminatoria. Como si ellos mismos, en cada repartición pública, no hicieran lo mismo, interpretaron la medida casi como una política de apartheid sudafricana. Pero esto es de manual básico de cualquier clase de Historia: cuando la autoridad falla en mantener el orden público, entonces los ciudadanos toman sus propios resguardos, inclusive, el contratar seguridad privada para conseguir los objetivos que el Estado no puede lograr por pusilanimidad o desidia. Es decir, en vez del Gobierno citar a los administradores de Lo Valledor por la sospecha de que la medida pueda significar medidas discriminatorias y arbitrarias, el Gobierno debiese ser citado, específicamente, por el Congreso, para ser ellos interrogados del por qué el Estado se encuentra fallido e incapaz de mantener el orden público, principal tarea que le da origen y existencia. En definitiva, y parafraseando una frase bíblica, el que juzga ha de ser juzgado. ¡Faltaba menos!
