Once estados ahora permiten que los profesionales médicos ayuden a las personas a suicidarse
HONOLULU (LifeSiteNews) – Cinco años después de legalizar el suicidio asistido por un médico, Hawái está acortando drásticamente el período de espera para obtener medicamentos letales.
Bajo la ley anterior, las personas que buscaban terminar con sus vidas tenían que hacer dos solicitudes orales a su médico para obtener una receta letal con 20 días de diferencia. El servicio de noticias de bioética BioEdge informa que el gobernador demócrata del estado, Josh Green, quien es un oncólogo jubilado, firmó una ley que reduce ese período en un 75 %, a solo cinco días. La nueva ley también permite a los médicos renunciar a ese período por completo si un paciente tiene una enfermedad terminal y se espera que muera antes de los cinco días.
“Dos de los sistemas de salud más grandes de Hawái descubrieron que un número significativo de pacientes elegibles se quedaron sin tiempo durante el período de espera”, afirmó la organización del “derecho a morir” Compassion & Choices en apoyo de acortar dichas esperas.
En 2018, Hawái se convirtió en el sexto estado en permitir el suicidio asistido por un médico, con una ley que requería que los certificados de defunción enumeraran la causa de muerte de los pacientes como su enfermedad terminal subyacente en lugar de los medicamentos que terminaron con la vida que tomaron. Desde entonces, el número total de estados que permiten el suicidio asistido se ha elevado a once.
“Legislar y consagrar la idea de que deliberadamente aceleramos su muerte para mí no es de lo que se trata la medicina, no de lo que se trata nuestra profesión de sanación, y es emblemático lo que está sucediendo en nuestra sociedad en todos los aspectos”, dijo Jeff Barke en marzo, médico de atención primaria de California. “Creo que es un avance terrible que los estados estén legislando los derechos y el poder de un médico para actuar como Dios y crear y acelerar la muerte de un paciente”.
Mientras tanto, la administración de Biden ha propuesto rescindir las regulaciones federales que brindan protección de conciencia a los profesionales que no desean participar en “aborto, esterilización y otros servicios de salud”, “suicidio asistido, eutanasia o asesinato misericordioso” y para “aborto controlado”. organizaciones de atención con objeciones morales o religiosas a la consejería o referencia para ciertos servicios”.
