El régimen nicaragüense acusa a los jesuitas de la Universidad Centroamericana de «terrorismo»
En Nicaragua, Daniel Ortega confisca la libertad de pensamiento
En la imagen (arriba) se ve como los trabajadores de la UCA desmontan el Cristo antes de que sea confiscado por la policía orteguista.
La jesuita Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA) anunció este miércoles 16 de agosto de 2023 la confiscación de todos sus bienes inmuebles y activos por parte del gobierno de Daniel Ortega por “señalamientos infundados” de que esa casa de estudios “funcionó como un centro de terrorismo”.
En un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, y redistribuido a los medios de comunicación a través de Associated Press, la UCA indicó que el martes recibió un oficio judicial en el que se le notificó “la incautación de bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera” de cuentas bancarias que fueron “inmovilizadas”, así como “productos financieros en moneda nacional o extranjera”.
Ya desde diciembre de 2021, al menos 26 universidades habían sido cerradas y sus bienes fueron incautados por orden del gobierno de Ortega con un proceder similar. Siete de estas universidades son extranjeras.
El oficio judicial ordenó que la incautación sea a favor del Estado de Nicaragua, agregó el comunicado de la UCA, considerada la más importante y prestigiosa universidad privada del país. A su vez informó la suspensión de todas las actividades académicas y administrativas de la universidad “hasta que sea posible retomarlas”.
En esa universidad con 63 años de historia estudian aproximadamente 8.000 estudiantes, del total de 200.000 universitarios que existen en Nicaragua, de acuerdo con organizaciones del sector.
Es la primera universidad privada creada en Centroamérica
Fundada en 1960 por la Compañía de Jesús, la UCA fue uno de los focos de las protestas estudiantiles que estallaron en abril de 2018 y en más de una ocasión abrió sus puertas para permitir que manifestantes civiles que huían de las balas de la policía se refugiaran momentáneamente en sus instalaciones.
Tiene dos amplios campus que constan de cinco auditorios y está notoriamente equipada con laboratorios de ingeniería, un centro de innovación empresarial, una biblioteca con más de 160.000 libros en español e inglés, un centro de biología molecular, un tribunal-escuela y varias canchas para 11 disciplinas deportivas.
Pero, además, alberga el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA), considerado el principal centro de documentación y memoria en el país que está dotado de una biblioteca propia, una hemeroteca y valiosos archivos fotográficos.
Por eso, la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús reprochó que “la confiscación de facto a la UCA es el precio por pagar por la búsqueda de una sociedad más justa, proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense, en consonancia con su lema: La verdad los hará libres (Juan 8, 32)”.
El gobierno de Nicaragua no ha confirmado de momento la medida, que tiene lugar en medio de una arremetida contra la Iglesia católica, tras el cierre de varias organizaciones y medios de comunicación religiosos y el encarcelamiento del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, encerrado en un penal de Managua desde febrero tras negarse a ser deportado a Estados Unidos junto a otros 222 opositores excarcelados.
Cuando un recinto universitario es cancelado, cerrado o silenciado es lo mismo que confiscar la libertad de pensamiento
En poco más de un año y medio, la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, ha ilegalizado 14 centros de estudios superiores por petición del Ejecutivo. Otros 12 centros fueron disueltos por el Ministerio de Gobernación.
La decisión contra la universidad derivó en la reacción del embajador Brian Nichols, subsecretario del Departamento de Estado para América Latina de Estados Unidos. “La confiscación de la Universidad Centroamericana, un símbolo de excelencia académica y esperanza para el futuro de Nicaragua, representa una mayor erosión de las normas democráticas y el cierre del espacio cívico por parte de Ortega-Murillo”, publicó en un mensaje en X, antes Twitter. “Seguiremos apoyando los derechos fundamentales de los nicaragüenses”.
En un pronunciamiento de los jesuitas, calificaron de “totalmente falsas e infundadas las graves acusaciones” del gobierno contra la UCA y destacó su “prestigiosa labor docente e investigativa” durante más de medio siglo de existencia.
Algo de historia
Señaló que esta “nueva agresión gubernamental” no es “un hecho aislado”, ya que desde 2018 la UCA ha venido sufriendo “constante asedio, acoso y hostigamiento” de las instituciones gubernamentales, a través de la no extensión de certificaciones de parte del Ministerio de Gobernación y otras entidades y de su exclusión de un fondo estatal destinado a la educación superior.
El líder estudiantil Lesther alemán, exalumno de la UCA y quien encaró a Ortega en el primer diálogo nacional en 2018, calificó de “desquiciados” a los gobernantes sandinistas por haber clausurado “un centro académico de suma importancia”.
Ortega aplastó la rebelión social de 2018 con fuerzas policiales y paramilitares fuertemente armados y acusó a la oposición y a los líderes estudiantiles, así como a los obispos, de participar en un fallido golpe de Estado para derrocarlo.
Amnistía Internacional protestó a través de un tuit de Erika Guevara Rosas, quien expresó su solidaridad ante lo que calificó de “otra arremetida contra los derechos humanos en Nicaragua”.
“Con esta confiscación Ortega pone una lápida al libre pensamiento en Nicaragua”, dijo por su parte la abogada María Asunción Moreno, que fue catedrática de la UCA durante más de dos décadas hasta su exilio en 2021.
En un comunicado seis organizaciones universitarias rechazaron la medida por considerarla “un intento de coartar la autonomía universitaria” y parte de “una estrategia para sofocar la resistencia y silenciar las voces críticas”.
